SALUD PÚBLICA

Bruselas presenta sus ideas para un "certificado digital verde" que ayude a reactivar los viajes este verano

Comisión Europea · 18 marzo 2021

La Comisión Europea propone que el certificado sea expedido de manera gratuita, cuente con un código QR con información médica básica del paciente respecto al coronavirus y pueda ser presentado a las autoridades en formato físico o digital.

La Comisión Europea pidió ayer que el certificado que reclaman países como España y Grecia para facilitar los viajes turísticos el próximo verano beneficie tanto a quienes hayan sido vacunados como a quienes tengan anticuerpos o un test negativo reciente. Al mismo tiempo, ha avisado de que no debe ser entendido como un pasaporte que garantice la libre circulación sino para eximir de medidas sanitarias como la cuarentena a quién lo posea.

La idea del Ejecutivo comunitario es que el certificado sea expedido de manera gratuita, cuente con un código QR con información médica básica del paciente sobre su situación respecto al coronavirus y pueda ser presentado a las autoridades en formato físico o digital, por lo que insta a los Estados miembros a acelerar el trabajo técnico necesario para su utilización.

Bruselas subraya que no debe ser visto como un título que abra automáticamente las fronteras a su titular, porque supondría una discriminación para los europeos que no han podido o no quieren vacunarse, pero sí confía en que permita ya este verano reactivar el turismo sin aumentar el riesgo de propagación del virus.

Por ello, la propuesta defendida por el Ejecutivo de Ursula von der Leyen deja en manos de cada Estado miembro decidir qué restricciones sanitarias está dispuesto a relajar o retirar para los viajeros con este "certificado digital verde", por ejemplo eximiéndoles de cumplir cuarentenas en destino o de la obligación de presentar un test negativo reciente en sus desplazamientos.

Con todo, los servicios comunitarios avisan de que si concede estos beneficios a los titulares del certificado en su país deberá reconocérselos también a los residentes del resto de Estados miembro, del mismo modo que deberá aplicar las mismas ventajas a quienes estén vacunados, hayan pasado recientemente la enfermedad o acrediten no estar contagiados con un test.

Para evitar discriminaciones, Bruselas quiere que el país que relaje medidas sanitarias como la exigencia de cuarentena o de test negativo a viajeros vacunados ofrezca las mismas exenciones a aquellos que acrediten tener anticuerpos o presenten una prueba negativa de infección.

También pide que los Estados miembros que opten por mantener las mismas restricciones a quienes viajen con certificado y sin él tengan que notificar tanto a la Comisión como al resto de socios su decisión y explicar por qué no exime de cuarentena o test a quienes cuenten con este documento.

"El certificado verde digital no será una precondición para la libre circulación y en ningún caso será discriminatorio", afirmó el comisario de Justicia, Didier Reynders, para resaltar que el Ejecutivo comunitario ha escuchado las reservas de países como Francia y Bélgica, que avisaron de que no aceptarán un "Pasaporte COVID", y centra su propuesta en un documento con información médica útil.

Además, la vicepresidenta de Valores y Transparencia, Vera Jourova, indicó que están trabajando con socios internacionales para intentar que el nuevo certificado europeo converja con otros procedimientos internacionales.

Si sale adelante el certificado, que aún debe ser negociado con el Consejo y la Eurocámara, la Comisión también pide que sea una medida temporal y que sea suspendida en el momento en que la Organización Mundial de la Salud declare el final de la emergencia sanitaria internacional.

Expertos en Salud Pública en contra

No obstante, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) ha insta al Gobierno español a no apoyar ante las instituciones europeas la introducción de dicho certificado de vacunación hasta que "exista mayor evidencia científica sobre la reducida transmisibilidad de los vacunados y sobre un periodo de validez de la inmunidad suficientemente prolongado".

A través de un posicionamiento, piden al Ejecutivo que espere hasta que "se facilite un acceso universal a las vacunas" y "se establezca un adecuado marco de garantías que permita el respeto del principio de equidad y de los derechos fundamentales de las personas". "Lo urgente y prioritario es ampliar la vacunación al mayor número de personas para alcanzar la deseada inmunidad de grupo", insisten.

Los expertos de la SESPAS aducen que "desde el punto de vista científico la utilidad de la vacuna para reducir la transmisión no está todavía del todo clara y, en todo caso, podría ser limitada". Asimismo, alegan que "puede plantear problemas de equidad".

"El reparto establecido en los países de la Unión Europea y, en concreto en España, supone un acceso desigual, condicionado por las estrategias fijadas por las autoridades sanitarias, que pueden variar entre países o regiones y, en ocasiones, por factores ajenos a las mismas. En consecuencia, estos pasaportes de vacunación pueden constituirse en un factor de inequidad e injusticia social y esto supone nuevos dilemas desde un punto de vista ético y jurídico", justifican.