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Café y té no aumentan el riesgo de cáncer de mama

JANO.es y agencias · 27 mayo 2008

Un estudio norteamericano desmiente que el consumo de estas bebidas se asocie a más probabilidades de desarrollar este tipo de cáncer

El Colegio de Médicos de Madrid y la Fiscalía Superior de la Comunidad han firmado un convenio de colaboración para combatir las agresiones contra los médicos. El protocolo reconoce que “es una realidad insoslayable el aumento exponencial de agresiones que viene sufriendo en los últimos años el personal sanitario, y en especial los médicos, que prestan servicio en los centros públicos de Madrid”.

El texto del acuerdo recoge que ambas entidades “entienden necesario coordinar sus esfuerzos para combatir y, en la medida de lo posible, disminuir y evitar el acaecimiento de resultados lesivos tanto físicos como morales que tengan su origen en agresiones contra médicos”. En suma, “manifiestan la voluntad de mejorar la investigación y persecución de tales agresiones, asegurando su castigo en el ámbito penal”.

Indagación y represión 
Para conseguir estos fines, colegio y fiscalía están de acuerdo en disponer las medidas más adecuadas a su alcance para conseguir una mayor eficacia y agilidad en la indagación y represión de las infracciones penales en materia de agresiones contra médicos y proteger al tiempo el prestigio de la profesión. Además, el convenio incluye un protocolo destinado a facilitar la actuación inmediata de la Justicia para castigar estas agresiones. El Colegio de Médicos actuará como parte a la hora de obtener la condena máxima de los agresores.

Según los datos de la organización colegial, en los últimos 4 años se han registrado 1.700 agresiones a médicos en la Comunidad de Madrid, aunque la mayoría de los agredidos no denunció los hechos. Otro ejemplo: en Cataluña las agresiones físicas o verbales al personal sanitario de los centros de AP y hospitales dependientes del ICS crecieron un 37% en 2007, situándose en 852, frente a las 621 del año anterior. El 78% de los casos tuvo lugar en el ámbito de la AP, porcentajes muy similares a los de 2006. Según algunos estudios, casi el 10% de los médicos españoles ha sufrido agresiones físicas en alguna ocasión y hasta un 50%, amenazas.

Jurisprudencia 
A finales de 2007 el Tribunal Supremo dictó una resolución largamente esperada en la que calificaba como delito de “atentado a funcionario” la agresión a un profesional sanitario público, con lo que el posible agresor se enfrentó a mayores penas. La sentencia (JANO 1.679) consideraba al profesional como una autoridad a efectos penales y aclaraba la controversia en una cuestión en la que existían resoluciones contradictorias. Sin embargo, aún falta una nueva sentencia en el mismo sentido de este tribunal para que se cree jurisprudencia.

Pero la primera sentencia en esta dirección fue la dictada en 2005 por la Audiencia Provincial de Jaén. Un año después, los fiscales de Córdoba pidieron la misma consideración para estas agresiones y ya en 2006 el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña instó a aplicar el artículo 550 del Código Penal. Hasta el momento han sido 6 las comunidades que han seguido este camino: Asturias, Valencia, Cataluña, Galicia y País Vasco, a las que se ha sumado Andalucía, donde existe un acuerdo entre la Junta y la Fiscalía.

Lo que dice el Código Penal

Esto es lo que dice el Código Penal en cuanto al delito de atentado a funcionario:

– Artículo 550: Son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.

– Artículo 551.1: Los atentados serán castigados con penas de prisión de 2 a 4 años y multa de 3 a 6 meses si fueran contra la autoridad y de prisión de 1 a 3 años en los demás casos.

– Artículo 552.1: Se impondrán las penas superiores en grado si la agresión se verificara con armas u otro medio peligroso o si el autor se prevaliera de su condición de autoridad o funcionario público.

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