Cerca del 70% de las menores de entre 16 y 17 años que aborta se lo comunicaría a sus padres, según muestran los resultados de un estudio realizado por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), que ha entrevistado en su red de centros a 362 menores desde el 15 de julio al 15 de octubre de 2009, para conocer si estas chicas habrían evitado la tutela paterna.

 

En concreto, estas entrevistas revelan que más del 67% de estas menores habrían seguido confiando en sus padres y les habrían comunicado su situación y su decisión. Según manifestó la ACAI en un comunicado, esto significa que las menores que confían en sus progenitores van a seguir confiando en ellos, y consideran que más del 80% de las que comunicarían su situación y decisión a sus padres irían igualmente acompañadas por ellos al centro acreditado.

 

Respecto al 30% de mujeres que no se lo comunicaría a sus padres, las encuestas muestran que entre los motivos se encuentra la falta de confianza, el temor a sus padres, así como, el intento de proteger a su pareja. Además, un 42% de las menores que decidirían por ellas mismas declararon que en el momento de acudir al centro para realizar la interrupción preferirían ir acompañadas de un miembro de otra familia ajena a la suya, o de otras personas de su confianza, pero no de sus progenitores.

 

En este sentido, ACAI indicó que estas menores “son la que más preocupan” a los profesionales, ya que esto pone de manifiesto que un significativo grupo de menores podría estar recurriendo a métodos clandestinos e ilegales para interrumpir una gestación que no desean comunicar a sus progenitores.

 

Por todo ello, insta a los parlamentarios que estos días debaten las enmiendas al Proyecto de Ley de Aborto Provocado a la reflexión ya que, según indicó, la ley tiene la oportunidad de subsanar una deficiencia que incide y podría seguir incidiendo en la salud y en la seguridad de las mujeres más jóvenes.

 

Asimismo, recuerdan que la legislación relativa a los menores permite a estos decidir, sin tutela, sobre aspectos de “su vida” como los tratamientos de quimioterapia, la ligadura de trompas, el matrimonio o la maternidad, pero no sobre la interrupción de un embarazo no deseado.