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El Congreso de los Diputados rechazó ayer, por 21 votos a favor, 277 en contra y 10 abstenciones, la moción presentada por IU-ICV para modificar la Ley del Aborto en España y pasar del actual sistema de supuestos legales para interrumpir el embarazo a otro de plazos y convertir esta práctica en una prestación más del Sistema Nacional de Salud (SNS).

 

La moción de IU-ICV se votó en secreto, a petición de este grupo y de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), pero el texto no cosechó más apoyos que los anunciados por los distintos portavoces que intervinieron en el debate. Eso sí, una decena de parlamentarios optaron por la abstención, pese a que ninguna formación había anticipado que votaría en este sentido.

 

Así, el texto de IU-ICV fue votado sin los cambios que pretendían incluir ERC, que pedía medidas urgentes para allanar el camino al cambio de la norma, ni las modificaciones planteadas en una enmienda de sustitución por el PSOE, que ofrecía sustituir la propuesta para aplicar el sistema de plazos por una declaración genérica sobre la necesidad de favorecer el consenso para mejorar la aplicación de la vigente Ley y estudiar posibles reformas legales.

 

Para la diputada ecosocialista Carme García, encargada de defender la moción de IU-ICV, la enmienda socialista fue rechazada por "poco clara y falta de compromiso". Lamentó la "postura ambigua" demostrada por el Gobierno de Zapatero sobre la modificación de la Ley del Aborto y le acusó de intentar "salvar la cara" ante las elecciones.

 

"El Gobierno hace dos días que está hablando del aborto en la prensa. Estaba convencida de que llegaríamos a un acuerdo, pero Zapatero vuelve a decir no a la reforma de la Ley del Aborto en su programa electoral y con esta enmienda intenta salvar la cara", criticó García, quien consideró "triste que estemos en estas circunstancias las mujeres y hombres españoles" con esta norma.

El planteamiento de IU-ICV fue apoyado por la diputada de ERC Georgina Olivares, cuyo grupo presentó una enmienda pidiendo medidas urgentes que allanen el camino a la modificación de la Ley del Aborto con información sexual en los colegios y un debate "riguroso y en profundidad" sobre el aborto "con políticos, profesionales sanitarios, expertos en bioética y las mujeres" para que "nadie pase de puntillas sobre el asunto". Olivares criticó "la postura electoralista e hipócrita" del PSOE ante el aborto.

 

También apoyó la propuesta de IU-ICV el BNG, cuya portavoz, Olaia Fernández, que considera la actual norma "restrictiva y discriminatoria" para las mujeres.

Por el contrario, el PP rechazó la ampliación de la despenalización del aborto que propuso IU-ICV por tratarse de una práctica que conlleva "un mal terrible para la mujer" y una "consecuencia de la violencia de género", según defendió la diputada Lourdes Méndez. "Ocho de cada diez abortos son motivados por presiones. Se trata de la más triste y entrevelada consecuencia de la violencia de género", sentenció.

 

Recordó que el PP presentó en esta legislatura que acaba una propuesta para informar de los riesgos de la interrupción del embarazo a las "víctimas" de esta "triste y peligrosa" práctica que, según estudios realizados por el Eliot Institute, es "más peligrosa para las mujeres que continuar con un embarazo".

 

A su juicio, "el verdadero derecho de la mujer es tener alternativas" a la interrupción del embarazo, por lo que pidió "sacar este drama del enfrentamiento partidista y dar alternativas", entre ellas información sobre los riesgos o ayudas económicas.

Por su parte el PSOE, que presentó una enmienda de sustitución a la propuesta de IU-ICV buscando el consenso, estuvo de acuerdo con que la interrupción voluntaria del embarazo necesita "de un marco normativo más amplio" porque la legislación actual "es insuficiente", según defendió la diputada Pilar López.

 

Los socialistas aseguraron que para mejorar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es necesario lograr reformas legales con "el máximo consenso" y señaló que este tema "afecta a la esfera íntima de la mujer" y no debe ser abordado en el marco de las sanciones legales, sino "con garantías jurídicas, económicas y sanitarias".

 

"Para ello es necesario un debate social en profundidad. Compartimos el fondo de la moción de IU, seguiremos trabajando por un cambio tranquilo basado en el consenso, en el diálogo, pero creemos que este no es el momento ni el procedimiento para tratar un tema tan serio. No es aquí ni ahora donde los partidos deben fijar sus programas electorales", indicó.

 

En esta línea se manifestó la representante del PNV, Margarita Uría, quien no obstante apuntó que el final de la legislatura "no es el momento" para tratar un tema tan sensible como este. "Hoy no estamos en condiciones de votar la moción IU porque la proximidad electoral dificultaría hacer las cosas bien", acotó Uría.

 

También esta fue la postura de CIU, cuya portavoz, Mercé Pigem, abogó por "no olvidar el tema" pero rechazó tratarlo ahora dado el impacto mediático que han tenido los supuestos casos de abortos ilegales en Madrid y Barcelona y considerando que la actual legislatura toca a su fin. Considero que las leyes que despenalizaron el aborto en 1983 y 1985 fueron "normas de consenso" y que su debate debería enfrentarse en la próxima legislatura.

Fuera del contexto del propio Parlamento, la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, se declaró a favor de "impulsar una ley de plazos" para regular la interrupción voluntaria del embarazo y añadió que esta iniciativa "solventaría algunas de las situaciones que se han dado últimamente".

 

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que se celebró en la sede del Parlamento regional, Menéndez afirmó que "todos los centros sanitarios públicos y privados deben cumplir la legislación vigente " y señaló que "no es hora de mantener una hipocresía social y retroceso respecto a este tema".

 

Menéndez también indicó que es "muy negativo que se haya acabado en la Comunidad de Madrid con la política de Salud Pública", y que "se que haya dado un incremento del número de embarazos no deseados de adolescentes", por lo que reclamó un Planteamiento Integral y tener todas las políticas públicas para evitar esa situación.

 

A su vez, el ministro de Trabajo y coordinador del programa electoral del PSOE, Jesús Caldera, afirmó que no cree que la propuesta de abrir una reflexión sobre si es necesario reformar la Ley del Aborto haya generado frustración entre los miembros del PSOE que desearían ir más allá, por ejemplo proponiendo una ley de plazos.

 

"Nuestra organización es una organización libre y democrática en la que es lógico que haya diversidad de opiniones. Este es un asunto sensible y delicado en el que debemos conseguir el máximo consenso", dijo Caldera en una rueda de prensa junto al secretario general de CC OO, José María Fidalgo, con el que se reunió para abordar aspectos del programa electoral del PSOE para las generales.

 

"El PSOE –dijo- ha propuesto abrir una reflexión sobre la ley del aborto "debido a la constatación de que la ley puede tener algunas carencias", por lo que hay que analizarla y "ver si necesita reformas". "Si necesita reformas, se propondrán", añadió Caldera.

 

Esa es la posición que ha defendido el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, "y quedará concretada a finales de enero en una propuesta concreta en el programa electoral". "No creo que frustre a nadie", añadió.

 

Por su parte, la consejera de Salud de Cataluña, Marina Geli, aconsejó llevar a cabo un debate "sereno" y "con tranquilidad" sobre la Ley de Aborto después de las elecciones generales de marzo. Para Geli, el tema debe tratarse "con mucha calma, fuera del contexto de este momento", caracterizado por la cercanía de los comicios y por las operaciones policiales y judiciales sobre presuntas irregularidades en clínicas abortistas de Madrid y Barcelona.

 

La consejera consideró que la próxima legislatura deberá debatir la necesidad de tener "leyes más concretas" sobre los presupuestos de la interrupción voluntaria del embarazo, que ahora son de 12 semanas para casos de violación y de 22 para malformaciones, mientras que el resto lo deja en manos de informes psiquiátricos y de salud.

 

Sobre las afirmaciones del presidente del Gobierno pidiendo una reflexión al PSOE sobre la actual Ley del Aborto tras 22 años en vigor, Geli dijo que el mensaje de Zapatero es el de que "hace falta un debate tranquilo", tanto en el PSOE como en la sociedad. Subrayó que en este tiempo el PP gobernó ocho años y no realizó cambios en esta norma.

 

En contraste, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, afirmó que la vigente legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo se alcanzó con "grandes equilibrios", por lo que defendió que tratar de modificarla, como parece plantearse el PSOE, es una "temeridad" si no va acompañado de una "amplísimo consenso".

 

En rueda de prensa en el Congreso, Zaplana explicó que este tipo de temas tan fundamentales, que afectan a una "parte importantísima" de la sociedad, siempre se han abordado "con todo respeto y prudencia", incluso cuando no hacían falta los votos de otros grupos parlamentarios. Así, recordó que el Gobierno de Felipe González, si había cosas en las que veía que no iba a contar con participación de la Alianza Popular de entonces, no las tocaba.

 

El hecho de que ahora el PSOE se esté planteando una reforma de la legislación, pese a que este tema no esté en la agenda del PP, Zaplana lo achaca a una cierta "estrategia electoral" y avisó de que los socialistas acabarán respondiendo de ello ante la sociedad.

 

Zaplana remarcó que no está a favor de ninguna modificación legal en torno al aborto que no parta de un debate muy serio y de un consenso amplísimo. "Modificar la legislación sin amplio respaldo es una temeridad", remachó.

El presidente de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), Ezequiel Pérez, afirmó en declaraciones a Europa Press que la Ley del Aborto requiere "urgentemente" una modificación, y, en este sentido, demandó "una ley de plazos que permita a la gente decidir sobre su propia identidad y sobre su propia salud".

 

En su opinión, las recientes investigaciones policiales que han provocado diversas detenciones por conductas delictivas en diversas clínicas abortivas españolas, eran "esperadas" en gran medida debido a que la actual ley es "débil". Así, lamentó que esta situación se haya convertido en una "cruzada" social, aunque consideró que es producto de "una ley cogida con palos y cañas".

 

Por tanto, se mostró a favor de la revisión de la Ley del Aborto ya que actualmente es "deficiente y no refleja la esencia de lo que tiene que ser la Ley en un país democrático, avanzado y de primera línea como España". Además, afirmó que la actual legislación es fruto de la "hipocresía" que "ha funcionado razonablemente bien en los últimos 20 años", y que "ha llegado el momento de consensuar una ley con sentido común, con valentía y sensata" donde "no se busque la puerta de atrás y estén las cosas claras".