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El presidente de Farmaindustria, Jordi Ramentol, y el director general de la asociación, Humberto Arnés, se han reunido hoy en Madrid con el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, a quien han trasladado la preocupación de la industria innovadora por la ruptura de la unidad del mercado farmacéutico español, la ruptura de la unidad en la prestación farmacéutica en el territorio nacional y, en definitiva, por la ruptura de la legalidad, consecuencia de algunas iniciativas puestas en marcha desde distintas comunidades autónomas.

En el encuentro, Ramentol y Arnés han puesto de manifiesto la sensibilidad del sector a las dificultades económicas por las que atraviesa actualmente España y han recordado la contribución de la industria farmacéutica a la sostenibilidad del sistema sanitario, aunque han insistido en que algunas medidas adoptadas en determinadas regiones están generando desigualdades de derechos entre los ciudadanos.

En concreto, se han referido al catálogo priorizado de medicamentos aprobado por la Xunta de Galicia, denunciando que supone una clara invasión de competencias estatales por parte de la comunidad autónoma Gallega, así como una vulneración de la legalidad vigente.

Los representantes de la patronal han lamentado el incumplimiento de la normativa en vigor por parte de una comunidad autónoma y, en este sentido, han reclamado un escenario de seguridad jurídica que permita a las compañías planificar su futuro con mayores garantías. En esta línea, han insistido en que en los últimos meses se están enviando desde España señales muy negativas para los mercados internacionales, que generan desconfianza en el marco regulador de la industria farmacéutica en nuestro país, lo que repercute muy negativamente sobre las posibilidades de las compañías aquí asentadas para atraer a corto y medio plazo inversiones productivas y en I+D.

Asimismo, han hecho hincapié en el fuerte impacto que han tenido para la industria farmacéutica española los Reales Decretos 4/2010 y 8/2010, que reducirán los ingresos del sector en unos 2.100 millones de euros anualizados -lo que equivale a una reducción del 14% del mercado farmacéutico- y afectará especialmente al empleo y a las inversiones en I+D del sector, que se reducirán en unos 300 millones anuales.

Por todo ello, han alertado de que, de no revertirse esta situación, no sólo desparecerán laboratorios hasta ahora eficientes, sino que se asestará un golpe casi definitivo a las posibilidades de esta industria para constituir un sector referente del nuevo modelo económico español.

Finalmente, han reclamado la colaboración de las administraciones para configurar y mantener un entorno regulador sectorial que genere unas expectativas empresariales adecuadas y, especialmente, estabilidad y confianza para que las empresas puedan planificar el futuro con mayores garantías.