Los argumentos a favor y en contra del copago en los servicios sanitarios centraron uno de los debates de las XXXI Jornadas de Economía de la Salud, organizadas por la Asociación de Economía de la Salud (AES) y celebradas recientemente en Palma de Mallorca.

El moderador del debate, el economista Guillem López-Casasnovas, indicó que “las tasas sanitarias son compatibles con la idea de la universalidad. ‘Universalidad’ no quiere decir todo para todos gratis, sino que todo el mundo es ‘elegible’ en razón de su situación. De modo que las tasas pueden ser universales pero muy bajas en intensidad para determinados colectivos, no por ser quienes son, sino en la medida en que dadas sus circunstancias, son elegibles para ello”.

Según el experto, “si los profesionales identifican lo que, según su criterio clínico experto, son los abusos que se pueden estar haciendo del sistema, y los políticos los quieren afrontar por el lado de la demanda y no desde la oferta, los economistas podemos acudir entonces en ayuda. No es igual una tasa fija que un porcentaje, aplicándolo de modo general o discriminadamente por tipo de servicios, con un deducible o franquicia, con o sin un límite máximo, según renta, ya resarcido por la vía de la deducción fiscal, reembolsado o con pago directo, etc.” López Casasnovas concluyó recalcando que “puede que nuestro sistema hoy necesite tasas o copagos, pero, sin duda, necesita una priorización explícita de servicios en un catálogo y una selección más diligente con las situaciones de injusticia social”.

Por su parte, José Ramón Repullo, del Instituto de Salud Carlos III, puso de relieve que “las tasas sanitarias no están dentro de la agenda de los responsables políticos. Sin embargo, sí está en la agenda de responsables financieros o gestores, dominando más la preocupación recaudatoria que la de la reducción del abuso”. En este sentido, el experto realizó la pregunta de “¿por qué, si hay copagos injustos, no empezar por reordenar el copago de medicamentos?; la experiencia inglesa de techos trimestrales o anuales de contribución, con compra de bonos, sería una buena alternativa para proteger rentas y redistribuir cargas con mayor equidad”.

Quien sí se posicionó claramente a favor del copago fue José Luis Pinto, de la sevillana Universidad Pablo Olavide, aunque manteniendo ciertas cautelas: “El Sistema Nacional de Salud es un sistema de seguro sanitario. Todo seguro ofrece la posibilidad de un consumo innecesario. Por ello, cualquier seguro, ante esta evidencia, se defiende con la participación del usuario en el coste. Por tanto, de partida, copago sí”.

No obstante, recordó algunos de los principales argumentos en contra del copago: “el copago supone el riesgo de que no solo reduce el consumo innecesario sino también el necesario; puede perjudicar más a los más débiles: enfermos crónicos, ancianos, pobres; el copago en unos servicios puede aumentar el consumo en otros, generando a la larga, mayor gasto”.

De igual manera, Pablo Vázquez, de la Universidad Complutense de Madrid, expuso la experiencia de otros países europeos, para argumentar a favor del uso de copago en el sistema sanitario español. “España está a la cabeza de Europa en las ratios de frecuentación -número de visitas médicas por habitante- que en 2006 fue de 8,1, siendo un 40% superior al promedio de la Unión Europea de los 15”, señaló. Atendiendo a la distribución de las visitas médicas según su finalidad, “aproximadamente una de cada tres visitas de atención primaria se hace por razones puramente administrativas”. Asimismo, “la presión asistencial contribuye a la insatisfacción de pacientes; España se encuentra a la cola de la UE-15 en satisfacción con el sistema sanitario de usuarios -fundamentalmente, por la lista de espera- y profesionales”.

Por otro lado, “más de la mitad de los países europeos disponen, mediante distintas fórmulas, de mecanismos de corresponsabilización asistencial y farmacéutica (Alemania, Austria y Bélgica, por ejemplo, tienen copago en primaria y especializada, además del copago farmacéutico, existente en España)”. En otro orden, el gasto farmacéutico en España como porcentaje del gasto sanitario (21,7%) es mayor que en el resto de Europa (14,9% de media), si bien, el precio minorista de los medicamentos es el más bajo.