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Tras escuchar a los 29 comparecientes de la subcomisión del Congreso encargada de analizar la actual legislación del aborto, los grupos parlamentarios del PSOE, ERC-IU-ICV y BNG han solicitado una ley de plazos e indicaciones. Por el contrario, el PP quiere dejar la normativa tal como está. CiU y PNV, por su parte, tienen establecido que estos asuntos se votan en conciencia, por lo que sus diputados tienen libertad de voto. 

 

La subcomisión, que ya ha finalizado las comparecencias, deberá confeccionar un texto común sobre las recomendaciones que, una vez llegadas al Ejecutivo, serán tenidas en cuenta para la nueva ley sobre interrupción voluntaria del embarazo. El informe debe ser aprobado en la Comisión de Igualdad, aunque los grupos tienen la posibilidad de solicitar que se vote en el Pleno.

 

La subcomisión quiere que este documento esté en manos del Comité de Expertos del Gobierno hacia el mes de febrero, aunque todo depende del tiempo que se demoren las negociaciones entre los grupos parlamentarios. Las formaciones políticas que no estén de acuerdo con las conclusiones acordadas por la subcomisión podrán emitir un voto particular en el que manifiesten sus discrepancias.

 

 

Este último será, muy probablemente, el caso del PP, que se opone a una futura ley de plazos e indicaciones y aboga por aplicar la actual legislación introduciendo algunos perfeccionamientos jurídicos. En palabras de Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del Grupo Popular, “la posición del PP es muy clara: no es necesario una modificación legal en la línea de una ley de plazos como la que plantea el Gobierno”. Además, apostó por “reforzar el control a las clínicas privadas que practican estas interrupciones”.

 

El PSOE, al igual que ERC-IU-ICV y BNG, reclama una ley de plazos e indicaciones que esté incluida dentro de una estrategia global de salud sexual y reproductiva. Asimismo, también quieren que se puedan realizar abortos en los hospitales públicos y que se regule la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. 

 

Por último, CiU y PNV, que sólo tienen un representante en la Comisión de Igualdad, probablemente se abstendrán en la votación de las recomendaciones, como postura aglutinadora de las distintas corrientes de sus partidos. Los diputados de estas formaciones han acudido a escuchar a los ponentes de la subcomisión en contadas ocasiones y no tienen previsto presentar ningún documento de conclusiones.

 

En el caso de finalizar en febrero, la subcomisión habría terminado sus trabajos antes de la fecha prevista, ya que tenía seis meses desde octubre para redactar las recomendaciones a la futura norma.