ONCOLOGÍA

Riesgo de cáncer de pulmón en pacientes con cáncer de mama

JANO.es · 29 enero 2008

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El 29 de abril de 1986, hace ahora 20 años, el BOE publicaba una ley que cambiaría la vida de los españoles. Después de mucho negociar los términos y los conceptos —en 3 años se redactaron hasta 10 borradores—, la nueva norma incluyó términos como universalización, equidad, solidaridad y financiación pública de los servicios sanitarios.

Veinte años después, ningún ciudadano pone en duda que el Estado debe garantizarle unos servicios sanitarios de calidad. La sanidad pública recibe críticas de mayor o menor intensidad, pero casi nadie cuestiona los principios básicos y esenciales que se implantaron con esta ley, la Ley General de Sanidad.

Muchas veces se invocó la memoria de Ernest Lluch, asesinado por ETA en el año 2000, durante las celebraciones de este 20 aniversario, pues como ministro de Sanidad le tocó liderar la reforma y sentar las bases de un Sistema Nacional de Salud (SNS) solidario, accesible, universal y público.

Idea común

Incluso, el salón de actos del Ministerio de Sanidad donde la actual ministra, Elena Salgado, convocó la jornada de conmemoración de los 20 años de la ley, llevaba el nombre del ministro. Cuando Lluch accedió a la cartera de Sanidad sólo el 62% de la población tenía garantizada la cobertura sanitaria. Una cifra que había llegado al 99% cuando concluyó su mandato. Pero, sin duda, su voluntad estuvo acompañada de la de otros demócratas que, entre acuerdos y desacuerdos, tenían la idea común de poner la salud por encima de los intereses de partido.

Corrían los primeros años ochenta y, en medio de una terrible crisis económica, de la reconversión industrial del país y de una democracia muy joven, comenzaron a hacerse y deshacerse borradores de una norma que pretendía hacer valer lo que ya consagraba la Constitución de 1978: el derecho a la protección de la salud como uno de los pilares del Estado de bienestar.

José Manuel Romay Becaría, ex ministro de Sanidad, era entonces el ponente del Proyecto de Ley General de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular, contraparte de las propuestas socialistas. Hoy considera aquella reforma como una suma de “muchos aciertos y algunos errores”.

Aciertos y algunos errores

Romay recordó que por aquel entonces lo más parecido que había a una garantía sanitaria era el Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE) y que aquella fue una época en la que todos, por encima de las ideologías y de los intereses partidistas, parecían inmersos en un esfuerzo por hacer más eficiente el modelo sanitario y por flexibilizar y descentralizar las estructuras.

En este esfuerzo por modernizar una estructura sanitaria demasiado rígida, Romay asegura que los catalanes eran los “líderes”. Desde 1981, esta comunidad tenía transferidas las competencias sanitarias. “Para todos era una referencia lo que hacía Trias en Cataluña”, reconoció Romay refiriéndose a la gestión innovadora de Xavier Trias (CiU), gestor de la sanidad catalana en los ochenta y uno de los protagonistas más destacados de aquel período de la sanidad española.

Un sano debate

Según estos testigos excepcionales, en aquella época el Consejo Interterritorial no era el campo de batalla político que hoy conocemos, se aportaban ideas y se avanzaba de alguna manera en el mismo sentido. “Yo llegué a creerme que había un consenso real para avanzar en la línea de la flexibilidad de las estructuras, pero luego comprobé que las ideas que valían en el Consejo Interterritorial no servían en otros ámbitos”, recuerda Romay, que no oculta su deseo de que se vuelva revivir en ese órgano el sano debate que suscitó en su día la Ley General de Sanidad.

“¿Qué no me gustó de la ley?” —se pregunta Romay 20 años después. “No fue una ley de consenso y, como ya dije en su día, es más continuista de lo que parece.” En concreto, hubiera preferido que la norma se hubiese despojado de la estructura administrativa convencional: “No pueden aplicarse a la sanidad leyes de funcionarios. No se puede contratar un servicio sanitario del mismo modo que se contrata una carretera.”

Tampoco considera que dejara demasiado espacio para motivar a los profesionales: “Es un sistema homogeneizador, poco estimulante en un mundo donde el factor humano es primordial”. No obstante, el ex ministro se muestra “razonablemente satisfecho” con la norma tal y como quedó aprobada, aunque cree que hay que evitar caer en la autocomplacencia porque la ley tiene carencias. Entre ellas, no dejar más libertad de elección al paciente dentro del propio SNS: “Es lo que nos falta para estar a la cabeza de los sistemas sanitarios del mundo desarrollado”.

El punto medio

En contra de lo que hoy sostiene Romay, el ex portavoz de CiU, Xavier Trias, recuerda que aunque la negociación no fue fácil se encontró “un punto medio” donde convergieron los intereses esenciales de todos los grupos. “Se apostó por sustituir el modelo mutual de la Seguridad Social por un modelo único universal financiado por los Presupuestos Generales del Estado, se introdujo el concepto de salud como un hecho menos asistencial y más de promoción de hábitos de vida y se hizo una apuesta, al principio tímida, por un modelo territorial que fuera la suma de todas las comunidades autónomas.”

Según Trias, en 1986 había “una voluntad clara” de que la ley debía coordinar a las comunidades. “Entonces se usaba una palabra que a mí no me gustaba: homogeneizar”, pero también reconoce la presión de “enemigos importantes” de la norma. “Había ideólogos fundamentalistas de la izquierda y de la derecha, cierta esclerosis corporativa protagonizada por las organizaciones colegiales y los sindicatos que ofrecían resistencia al cambio y reticencias de las propias estructuras del Estado, como el ministerio de la Seguridad Social a los que todo aquello les sonaba extrañísimo.

En general existía una gran desconfianza hacia la Sanidad porque era un pozo sin fondo”. Todas estas presiones se evidenciaban en la propia estructura del Consejo Interterritorial. “Lo formaba el ministro Lluch y los 17 consejeros y otros 17 que nos vigilaban para que no hiciéramos tonterías. No fuera a ser que en una de esas nos pusiéramos de acuerdo”, recuerda Trias.

Principios básicos

Los principios básicos de la ley: universalidad, equidad, solidaridad y financiación pública han permitido desarrollar un sistema sanitario público que es uno de los pilares esenciales del Estado de bienestar español y que, además, ha terminado siendo un sistema sanitario modélico.

“En aquella época, en Cataluña estábamos obsesionados con parecernos al National Health Service del Reino Unido”, recuerda Xavier Trias. Sin embargo, en 2002 en una entrevista concedida al diario El País, un ministro de Sanidad del gobierno laborista defendió el modelo sanitario español con tanta pasión que aseguró que copiarlo era “la única vía para salvar el modelo británico”.

Si algo recuerdan con emoción casi todos los protagonistas de la puesta en marcha de esta ley, es la revolución que significó el cambio de enfoque que se le dio a la salud mental. Echar el cierre a los manicomios e integrar a los enfermos crónicos en la comunidad y reservar las unidades psiquiátricas de los hospitales para la fase aguda puso a prueba, en palabras de Marcelo Palacios, ponente de la ley en el Grupo Parlamentario Socialista, “nuestro concepto de seres cívicos”.

La Ley General de Sanidad cumple 20 años en un ambiente de presiones. “Las generadas por la riqueza del país”, tercia Xavier Trias: “El éxito genera presión y esta ley podría morir de éxito. El envejecimiento de la población y la inmigración son el precio de la riqueza y tenemos que ser capaces de darles una respuesta con una mejor financiación”. Los padres de la criatura coinciden en que hay que felicitarse por el aniversario pero sin “mimar” demasiado la ley porque hay que adaptarla a los nuevos tiempos.