El consejero de Sanidad catalán, Boi Ruiz, defendió la pasada semana un copago farmacéutico proporcional a la renta, "siempre y cuando no impida que las personas reciban asistencia sanitaria por razones económicas". En declaraciones a Servimedia recogidas por El Economista, Ruiz arguyó que no le parecía lógico que un mileurista o un parado abonaran el 40% de sus medicinas, mientras que un jubilado que cobra la pensión máxima no realice ninguna aportación.

La solución que la Generalitat ha puesto sobre la mesa para reducir el gasto sanitario sigue topando, de momento, con el rechazo frontal del PP. La exministra de Sanidad, Ana Pastor, aseguró el martes que están "en contra" y que la Sanidad "la pagamos con nuestros impuestos y es uno de los ámbitos donde más se redistribuye la riqueza, ya que nadie elige estar enfermo".

El copago sigue siendo una de las líneas rojas que ningún partido se atreve a cruzar. Más claro lo tienen los expertos. Desde Fedea advierten de que "el sistema sanitario español no es sostenible bajo su esquema actual" y defienden "un ticket moderador por visita en atención primaria y urgencias, para reducir la hiperfrecuentación o sobreabuso del sistema", así como revisar el actual sistema de copago farmacéutico, distinguiendo porcentajes en función de renta y no sólo de edad. Los españoles acudimos al médico un 40% más que el promedio de la UE-15 y el gasto farmacéutico per cápita es un 40% superior al de Bélgica, Dinamarca o Reino Unido, según un informe reciente de Fedea.

Donde sí hay coincidencia entre los expertos es en calificar el actual sistema de copago de "injusto". Juan del Llano, director de la Fundación Gaspar Casal, no es partidario de "medidas estrictamente coyunturales". En su opinión, "no resuelven nada y su puesta en marcha sería más costosa que lo recaudado".

Para el profesor Jaume Puig-Junoy, de la Universidad Pompeu Fabra, "el cambio de estatus de no pensionista a pensionista supone un aumento del número de recetas que de otra forma no se habría producido". Así ,señala que el consumo por individuo aumenta cerca del 25% en el primer año de gratuidad y el impacto financiero para el sector público puede elevar el gasto más de un cien por cien.