El Consejo de Ministros destinará 21.883.000 euros al desarrollo de los programas derivados del Plan Nacional sobre Drogas, con cargo a los Presupuestos de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. De esa cantidad, 19.983.000 millones se distribuirán directamente entre las Comunidades Autónomas de régimen común, incluidas Ceuta y Melilla.

 

Los cerca de dos millones de euros restantes se reservarán para la financiación de programas propuestos por las Comunidades Autónomas para casos de emergencia social y actuaciones en determinadas zonas o colectivos en los que existan graves deficiencias y se precisen actuaciones urgentes.

 

Por comunidades, Andalucía recibirá 3,1 millones de euros; Aragón, 771.596; Asturias, 757.754; Baleares, 555.200; Canarias, 960.994; Cantabria, 364.400; Castilla-La Mancha, 931.461; Castilla y León, 1.513.670; Cataluña; 3.033.263; Comunidad Valenciana, 1.745.204; Extremadura, 655.884; Galicia, 1.250.201; Madrid, 3.260.041; Murcia, 690.899; La Rioja, 193.426; Ceuta, 103.204, y Melilla, 68.960. Navarra y País Vasco ya perciben estas cantidades en sus respectivos cupos.

 

Los criterios de distribución de estas partidas, explica el Ministerio de Sanidad, fueron aprobados por el Pleno de la Conferencia Sectorial del Plan Nacional sobre Drogas, que reúne a la Delegación del Gobierno con representantes de todas las comunidades autónomas, el pasado 12 de noviembre. El reparto de los créditos atiende, entre otros criterios, a la población de hecho, según el padrón oficial; al desarrollo de los programas de prevención; y al número de internos en instituciones penitenciarias en ese territorio.

 

Concretamente, estos créditos se destinan a programas de desarrollo de la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016 en los programas autonómicos derivados del Plan Nacional sobre Drogas; a programas de prevención del consumo de drogas desarrollados en el marco de la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016; al desarrollo del Observatorio Español sobre Drogas; a programas de rehabilitación y reinserción de toxicómanos con problemas jurídico-penales y a programas considerados prioritarios por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.