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El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, afirmó hoy que "el Pacto por la Sanidad es una necesidad del Sistema Nacional de Salud (SNS)", y confió en que entre todos se garantice su sostenibilidad, en referencia a la reunión del Consejo Interterritorial que se celebrará mañana y que tiene como objetivo prioritario debatir la financiación autonómica. Soria aseguró ayer que todos los partidos políticos y las comunidades autónomas han aceptado este pacto que, según dijo, arreglaría los problemas de financiación y recursos humanos.

 

"El SNS está considerado uno de los mejores del mundo, es mejorable y por eso las comunidades autónomas y el ministro tienen que seguir trabajando en garantizar su sostenibilidad, ya que es un patrimonio de todos los españoles de cualquier color político y queremos que este patrimonio pase a nuestros hijos", afirmó en una entrevista a RNE.

 

El sistema de cohesión sanitario actual "facilita que cualquier ciudadano disponga de los mejores tratamientos, aunque no sean prestados en su autonomía". Así, explicó que "no hay 17 sistemas de salud, hay un sólo Sistema Nacional de Salud cuyas competencias en coordinación y cohesión corresponden al Gobierno de España y en asistencia sanitaria a cada una de las comunidades autonómicas".

 

A su juicio, como ministro tiene que garantizar que no haya diferencias entre las distintas comunidades, ya que "es un derecho constitucional de todos los españoles, el derecho a la igualdad en la prestación de servicios sanitarios".

 

Asimismo, entiende que, para que no se produzcan estas diferencias, "hay que garantizar unos mínimos", aunque "si alguna comunidad quiere añadir algo a ese mínimo, que incluye el 99% de las necesidades, lo puede hacer dentro de sus competencias, siempre que garantice los mínimos a todos los ciudadanos".

 

Por otra parte, afirmó que en estos momentos "hay voluntad política" para garantizar la financiación a todas las comunidades en el futuro. No obstante, recordó que "son recursos que salen de los impuestos de todos los españoles" y, por tanto, abogó por una mayor sostenibilidad del sistema, para que "tenga una garantía de vigencia para los próximos 25 o 30 años".