El Pleno del Consejo Económico y Social de España (CES) ha emitido el dictamen sobre el anteproyecto de Ley General de Salud Pública, en el que ha advertido que el texto necesita una redacción menos confusa, ya que puede producir inseguridad jurídica. Al mismo tiempo, el consejo ve necesario coordinar las actuaciones de las distintas administraciones, con el fin de conseguir una mayor eficacia de la norma.

Según ha subrayado el texto aprobado por el CES, la ley "debería contribuir a una mejor articulación y definición de funciones de todas las instancias y organismos implicados, definiendo con claridad el común denominador de todas las actuaciones en materia de salud pública, lo que no siempre queda claro".

No obstante, ha valorado el anteproyecto de manera positiva, y ha apreciado "la voluntad de ordenar mediante una ley de carácter general las normas y actividades encaminadas a la protección y la promoción de la salud".

El consejo ha señalado igualmente que, "dada la disparidad en la implantación de acciones de salud pública y las notables desigualdades territoriales y sociales, uso indebido de recursos, ‘medicalización’ innecesaria de acciones preventivas y de promoción de la salud o ineficiencias en la prevención, deberían darse respuestas comunes, lo que no siempre hace este anteproyecto".

El dictamen considera que el anteproyecto debería contribuir a reforzar "la sostenibilidad económica del sistema, un aspecto que no ha sido suficientemente contemplado en la memoria del análisis del impacto normativo, de la misma manera que no considera la necesaria financiación que llevará aparejada la aplicación de la norma".

Al analizar las referencias que la ley hace al ámbito laboral como uno de los distintos ámbitos de aplicación de la promoción de la salud, el CES ha afirmado que "sería conveniente que el anteproyecto respete el marco actual de las funciones propias de cada departamento, teniendo en cuenta el amplio recorrido de aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales".

En este sentido, el CES ha recordado que existe "una normativa propia de prevención de riesgos laborales y las distintas competencias en la materia atribuidas al Ministerio de Sanidad y Política Social y al Ministerio de Trabajo e Inmigración". Del mismo modo, el dictamen considera necesaria una adecuada articulación de los mecanismos de participación, aspecto que "requiere ser mejorado".

Además, a juicio del CES, sería necesario que se incluyeran, "con carácter transversal, previsiones relativas a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que precisan de un trato específico atendiendo a su situación en cada caso, y según su tipo y grado de discapacidad". Por último, antes de remitir el texto al CES, "se tendría que haber consultado a los diferentes agentes y sectores representativos de interés en este ámbito", han lamentado.