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El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha conseguido convalidar su decreto más difícil, pero lo hizo con un sólo voto de diferencia y en medio de las críticas de todos los partidos políticos.

En concreto, el decreto antidéficit contó con un total de 169 votos a favor, 168 votos en contra, de PP, PNV, ERC, IU, ICV, BNG, NaBai y UPyD, y 13 abstenciones, de CiU, UPN y CC).

Esta vez no hubo ninguna ausencia en la votación, algo que resultó vital para que el PSOE pudiera sacar adelante un texto muy criticado por contener algunas medidas de recorte social para cumplir con las exigencias de Bruselas y acelerar la reducción del déficit.

Las medidas más rechazadas han sido la rebaja de los sueldos de los funcionarios y, sobre todo, la congelación de las pensiones en 2011, una iniciativa que no ha recibido el visto bueno de ningún grupo y que ha llegado incluso a poner en duda la aprobación del texto. El decreto incluye, además, la eliminación de la prestación por nacimiento de 2.500 euros, el llamado cheque-bebé, a partir de 2011, el recorte de los salarios de los miembros del Gobierno en un 15% y la eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial que se aprobó en 2007.

Otras medidas irán encaminadas a reducir el gasto farmacéutico, empezando por rebajar el precio de medicamentos no genéricos excluidos del sistema de precios de referencia, de manera escalonada, entre un 10% y un 15%, teniendo en cuenta el año de registro de los medicamentos.

En su primera y única intervención, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, consideró "imprescindible y urgente" realizar un esfuerzo extraordinario para reducir el déficit con mayor rapidez y aplicar las medidas "sin dilación", aunque sean "dolorosas" porque resultan "inevitables".

La vicepresidenta económica aseguró que estas iniciativas permitirán al país hacer frente a las vicisitudes de la crisis, a la demanda del compromiso a todos los países de la UE y a la exigencia de afianzar la recuperación de la economía española.

El primero en cargar contra el presidente del Gobierno fue el líder del PP, Mariano Rajoy, que dijo "simple y claramente no" a los recortes del decreto del Gobierno para evitar que Zapatero "siga ahí", porque se ha convertido "en el peor lastre" de la economía española".

Por su parte, Durán i Lleida (CiU) rechazó los aplausos del PSOE y criticó duramente al Gobierno y a su presidente, a quien le recomendó convocar elecciones cuando celebre el debate de Presupuestos del año que viene, porque su etapa de Gobierno ya ha finalizado.

El diputado catalán explicó que su grupo sólo se ha abstenido porque si el decreto no veía la luz, las fianzas públicas españolas entrarían en riesgo de intervención como Grecia, lo que complicaría aún más los problemas de funcionarios y pensionistas. CC y UPN se sumaron a la abstención de unas medidas que, sin embargo, calificaron de "injustas" y a pesar de que también criticaron con dureza la política del Gobierno y al presidente.

El resto de grupos no fueron tan lejos como CiU, pero no dudaron al cuestionar la falta de liderazgo de Zapatero. De hecho, el portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, señaló que lo peor para una "economía débil" es un "presidente sin rumbo" que ha tenido que "retractarse de toda la política" desplegada a lo largo de los últimos años.

El portavoz de ERC, Joan Ridao, acusó al presidente de dejar que manden los mercados y renunciar a su "premisa básica de gasto social", mientras que su compañero de grupo parlamentario y diputado de IU, Gaspar Llamazares, advirtió a Zapatero de que el decreto es el punto de partida "prácticamente irrerversible" hacia la movilización social y la "huelga general".

Por su parte, el representante del BNG, Francisco Jorquera, vio "increíble" que el Gobierno se "pliegue" a los planteamientos de la "derecha", mientras que la diputada de Nafarroa Bai Uxue Barkos aseguró que "hay otra manera de ver las cosas" y la líder de UPyD, Rosa Díez, pidió también elecciones, tras acusar al presidente de llevar a cabo una política que ha supuesto la quiebra económica, social y política del país.

Tras este aluvión de críticas, quedó patente la soledad del Grupo Socialista, cuya posición defendió su portavoz en el Congreso, José Antonio Alonso. Alonso intentó explicar y defender las medidas, pero sobre todo arremetió contra Rajoy por ser, en su opinión, el político y presidente del partido "más antisocial, antieuropeo e irresponsable en términos políticos de toda la democracia".

En los pasillos del Congreso, Salgado se sumó a las críticas a los populares y advirtió al PP de que "algún día" tendrá que recordarle su "irresponsabilidad" al rechazar el decreto adoptando una postura "muy poco responsable" y "muy poco europea".