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El PSOE aprobó en su 37 Congreso Federal, celebrado en Madrid el fin de semana, un texto en el que pide que un grupo de expertos proponga mejoras en la Ley del aborto que recojan "las experiencias más innovadoras de las leyes europeas de indicaciones y plazos" y que tengan en cuenta el derecho de las mujeres "a decidir sobre el control de su maternidad".

 

La dirección del PSOE no había incluido el aborto en la ponencia-marco redactada para su 37 Congreso Federal, pero, ante las enmiendas presentadas por los militantes, propuso una enmienda transaccional en la que afirmó que es "necesaria la revisión y actualización de la legislación sobre el aborto, tras 23 años de su entrada en vigor".

 

Los socialistas apostaron por "la creación de un grupo de expertos y expertas que revisen el funcionamiento de esta Ley y hagan una nueva propuesta para mejorar la legislación, recogiendo las experiencias más innovadoras de las leyes europeas de indicaciones y plazos".

 

Según explicaron fuentes socialistas, los ponentes decidieron no optar por reclamar una ley de plazos -como pedían algunas enmiendas-, porque los expertos consultados consideran que sería incompatible con la doctrina del Tribunal Constitucional, que reconoce derechos al nasciturus, y por eso prefiere mencionar un sistema mixto como el del Reino Unido.

 

El texto va más allá de lo afirmado por el PSOE en su programa electoral para las generales de 2008, en el que se hablaba de abrir una reflexión sobre el funcionamiento de la Ley actual para analizar su modificación, con consenso de todas las fuerzas políticas, si es necesaria.

 

En la enmienda transaccional, los socialistas afirman que su objetivo es garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de toda la población "y muy especialmente de las mujeres, incluyendo el derecho al control de la maternidad" a través de la información y del "uso universalizado de métodos anticonceptivos" para reducir los embarazos no deseados.

 

Además, sostienen que es necesario revisar la Ley del aborto "por los profundos cambios sociales y médico-científicos" y los avances en materia de derechos de las mujeres.

 

Por último, afirman que cualquier legislación sobre el aborto debe partir de tres criterios fundamentales, equidad territorial en la prestación del servicio "que debe estar incluido en la red sanitaria pública o concertada", la seguridad jurídica y el respeto a los derechos de las mujeres que abortan y los profesionales que las atienden y el "respeto a la voluntad de las mujeres y al derecho a decidir sobre el control de su maternidad".

En otro orden de cosas, el viernes surgió una nueva polémica al conocerse que la Audiencia Provincial de Barcelona hará públicos la identidad de las mujeres investigadas por interrumpir sus embarazos en las clínicas del Dr. Carlos Morín. Al respecto, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció que la Fiscalía va a recurrir esa decisión de la Audiencia, y envió a las mujeres un "mensaje de tranquilidad" que hizo extensivo a la sociedad en general.

 

Fernández de la Vega hizo este anuncio durante un acto sobre Igualdad organizado en el marco del Congreso Federal del PSOE, en el que estuvo acompañada, entre otras, por la ministra de Igualdad, Bibiana Aído.

 

Para De la Vega, la decisión la Audiencia de Barcelona es "inaudita, inaceptable y vulneradora de los derechos fundamentales de las mujeres", porque "desprecia su identidad y la confidencialidad de los datos". "No nos vamos a resignar ante decisiones de esta naturaleza, sencillamente no lo vamos a tolerar", declaró la vicepresidenta, quien subrayó que el Gobierno no se va a quedar quieto en esta situación.

La respuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), no se hizo esperar. El portavoz de este organismo, Enrique López, consideró, a su vez, "inauditas e inaceptables" las declaraciones realizadas por Fernández de la Vega porque, a su entender, las decisiones judiciales "deben ser acatadas y no descalificadas".

 

En declaraciones a Europa Press, López reconoció sentirse "decepcionado y perplejo" por estas manifestaciones públicas de la vicepresidenta respecto a una decisión judicial que, como tal, "puede ser criticada, pero debe ser acatada y nunca descalificada", ya que esto sería "contrario al mínimo respeto" que debe existir entre los distintos poderes del Estado. Por eso, exige "una rectificación".