POLÍTICA SANITARIA

Hoy se reúne en Madrid el Consejo Interterritorial

JANO.es · 10 octubre 2007

La vacuna contra el virus del papiloma humano y el Plan de Salud Bucodental, entre los principales temas a tratar por el ministro de Sanidad y los consejeros autonómicos

Por terrible e inaceptable que sea, la sangría prosigue. No hay semana que no nos llegue la salvaje noticia de otra persona asesinada a manos de su pareja o ex pareja. Con frecuencia, al mismo tiempo se nos informa de que la mujer ejecutada había denunciado a su ejecutor una o más veces.

"La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión."

Como recordábamos en otro editorial de JANO hace menos de un año, con este párrafo se abre la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género aprobada por unanimidad el 28 de diciembre de 2004.

La realidad demuestra que, aunque ninguna ley acaba con el delito, en el caso de la violencia de género es evidente que sigue faltando apoyo para que las personas maltratadas denuncien, y protección una vez que las denuncias se han producido. Además, los juzgados especializados están saturados y las órdenes de alejamiento para los agresores --unas 15.000 en la actualidad-- se vulneran con relativa facilidad.

La violencia contra las mujeres es un fenómeno de múltiples dimensiones, la expresión de un orden social basado en la desigualdad y que acaba produciendo terribles efectos en las víctimas y en la sociedad en su conjunto. Una macroencuesta realizada por el Instituto de la Mujer concluye que el 12,4% de las españolas vive en situación objetiva de violencia en su entorno familiar. Es decir, más de dos millones de mujeres. Sin embargo, las encuestas realizadas a personas que han sufrido malos tratos indican que sólo una tercera parte de ellas se consideraba víctima de aquéllos, lo que refleja la complejidad de las relaciones que se establecen entre los maltratadores y sus víctimas. La realidad vuelve a demostrar que, por múltiples razones, los malos tratos suelen persistir durante un período largo y las mujeres tardan una media de siete años en denunciarlos. Los expertos coinciden en considerar a la violencia doméstica como un importante problema de salud pública que deja graves secuelas físicas, psíquicas y familiares.

En este sentido, como puntualiza el Protocolo Común para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género, de cuya presentación informamos en su momento (JANO 1.651), la atención primaria desempeña un papel decisivo en el abordaje integral y multidisciplinario del maltrato, tanto en la atención a la agresión como en su detección precoz y, a través de la escucha activa, reforzando las decisiones que toma la mujer y defendiendo su derecho a vivir sin miedo. No puede ignorarse que la calidad de la atención médica inicial que recibe la mujer maltratada determina, a menudo, que ésta siga adelante en su lucha por cambiar la situación que padece y acuda a las instituciones sociales pertinentes.

"Somos el primer punto de contacto con el sistema de salud, afirma el Dr. Luis Aguilera, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Las mujeres pasan muchas veces por la consulta a lo largo del año, y si no detectamos nosotros ese caso de maltrato difícilmente lo harán en otros servicios sanitarios. Por eso es importante que los profesionales tengamos claro cómo actuar y cómo orientar a la mujer."

El mencionado Protocolo sugiere que, ante la sospecha de malos tratos, los médicos del primer nivel asistencial hagan, ya en la primera visita, preguntas exploratorias de abordaje psicosocial. El documento enumera síntomas psicológicos y físicos y actitudes de la mujer en la consulta que pueden indicar maltrato, y desgrana los pasos que el médico debe seguir y la valoración que debe llevar a cabo para determinar si existe situación de peligro extremo que requiera actuaciones inmediatas. En ese caso la paciente debe ser asesorada sobre las posibles alternativas.

Los médicos debemos registrar el maltrato en la historia clínica y cumplir las obligaciones legales que exigen al profesional elaborar un parte de lesiones y comunicar al juez los hechos, afirma la Dra. Carmen Fernández, una de las expertas que intervino en la elaboración del Protocolo. Cuando la situación no es de peligro extremo, el médico del primer nivel asistencial debe prestar a la paciente una atención integral, valorar la situación familiar y de los hijos, derivar el caso a un trabajador social o a un experto en salud mental si la situación lo requiere y establecer un plan de seguimiento.

Todos los esfuerzos serán pocos. Todas las actuaciones insuficientes mientras sigan produciéndose agresiones, mientras una sola persona pierda la vida por el hecho de que otra, salvajemente, decida arrebatársela.