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De acuerdo con lo manifestado por la Dra. Isabel Serrano, presidenta de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), con motivo de la presentación del informe ‘La anticoncepción de urgencia en España’, la mitad de los abortos practicados en nuestro país en los últimos seis años, ésto es, unos 270.000 de los cerca de 550.000 registrados por Sanidad, podrían haberse evitado mejorando el acceso de las españolas a las medidas preventivas, caso de la educación sexual o de la píldora poscoital, en todas las comunidades autónomas.

La Dra. Serrano se quejó de que los centros especializados en salud reproductiva “están desapareciendo” en España y de que, a pesar de que se ha demostrado que la tasa de abortos desciende cuando mejora el manejo de esta área de la salud, existen “grandes diferencias por comunidades” en el acceso a este servicio.

Por todo ello, y en opinión de esta ginecóloga, la primera medida para reducir los abortos por parte de las propias comunidades autónomas sería crear centros de salud reproductiva dependientes de Atención Primaria y servicios específicos para jóvenes (1 por cada 100.000 usuarios), abiertos también en fin de semana, donde se dispensara la píldora poscoital.

Otras medidas también recomendables para FPFE, pero que debería poner en marcha el Ministerio de Sanidad, serían la creación de protocolos que permitan a las enfermeras la administración (que no prescripción) de la píldora poscoital; el abaratamiento de su precio, que en la actualidad es superior a los 19 euros; y su financiación en el sistema público o su libre dispensación sin necesidad de receta, una política que funciona ya con éxito en países como Francia u Holanda.

Según sus palabras, “el Gobierno debería además poner en marcha medidas nuevas para fomentar la prevención y mejorar la educación sexual de nuestros jóvenes, como por ejemplo la distribución de ‘packs’ con preservativo y píldora poscoital incluidas. Una idea que no fomenta su uso irresponsable, ya que sólo el 5% de los jóvenes que han usado este método son reincidentes”.

Por último, como recordó la Dra. Serrano, la objeción de conciencia a la que se acogen algunos profesionales sanitarios y farmacéuticos para negarse a dispensar la píldora del día después “no es legal”, ya que no se trata de un método anticonceptivo sino preventivo y que ya ha sido utilizado por un 18% de los 10 millones de mujeres en edad fértil que viven en España.