GINECOLOGÍA

La píldora, anticonceptivo hormonal preferido por la mitad de las usuarias

JANO.es · 04 marzo 2008

Se recomienda la elección de los distintos métodos de manera consensuada con el ginecólogo, dependiendo del tipo de vida, las costumbres de cada persona o el peso corporal de la mujer

El Consejo de Ministros del pasado 23 de diciembre aprobó el anteproyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia, que configurará el Sistema Nacional de Dependencia (SND) como cuarto pilar del Estado del Bienestar, tras el Sistema Nacional de Salud (SNS), el sistema educativo y el de pensiones, todos ellos desarrollados en la década de los ochenta.

En España se calcula que hay más de 1.125.000 personas con una dependencia grave. La atención que se presta a estos ciudadanos se realiza, sobre todo, en el ámbito familiar y recae básicamente en las mujeres —representan el 83% de los cuidadores familiares— que, en la mayoría de los casos, no pueden compaginar su labor como cuidadoras con un trabajo externo remunerado.

En la actualidad la atención que prestan las administraciones a estos ciudadanos —tanto desde el sistema sanitario como desde los servicios sociales— tiene una cobertura claramente insuficiente y con importantes diferencias entre comunidades autónomas y entre áreas urbanas y rurales. Así, en nuestro país sólo el 3,14% de las personas mayores de 65 años cuenta con un servicio de ayuda a domicilio, un 2,05% con teleasistencia y sólo el 0,46% con una plaza en un centro de día.

Derecho de ciudadanía

El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, considera que esta ley es la más importante de la legislatura en el ámbito social y le concede una importancia similar a la que tuvo en su momento la Ley General de Sanidad que en 1986 universalizó la sanidad.

La futura ley reconocerá un nuevo “derecho de ciudadanía”: el de las personas que no se pueden valer por sí mismas a ser atendidas por el Estado y garantiza toda una serie de prestaciones. Además, se inspira en los siguientes principios: carácter universal y público de las prestaciones, acceso a estas en condiciones de igualdad y participación de todas las administraciones. Los titulares de este nuevo derecho serán todos los españoles de tres o más años de edad que se encuentren en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos.

El SND tendrá como objetivo principal promover la autonomía personal y garantizar la atención y protección a las personas en situación de dependencia. El sistema se configura como una red de utilización pública, diversificada, que integrará de forma coordinada centros y servicios acreditados, tanto públicos como privados.

Coste total: 1% del PIB

Según Trabajo, el coste total del sistema, una vez esté completamente implantado, supondrá el 1% del PIB —unos 9.000- 9.500 millones de euros— frente al 0,18% actual, y en su financiación participarán la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, que aportarán unos 2.000 millones de euros cada una de ellas. El resto —un 30-35%— será aportado por los usuarios, que participarán en la financiación del sistema en función de su renta y patrimonio.

Según los cálculos de Jesús Caldera, en 2015 podría haber 300.000-400.000 cuidadores que reciban una prestación económica —estarán dados de alta en la Seguridad Social— por atender a sus familiares dependientes. Además, habrá 275.000 plazas de residencia —tres veces más que ahora— y 104.000 plazas en centros de día —hoy prácticamente inexistentes.

Implantación gradual

El período de implantación del sistema se extenderá progresivamente entre 2007 y 2015. Durante el primer año se reconocerá el derecho a acceder a las prestaciones a quienes sean valorados en el grado III (niveles 1 y 2).

El presidente de la Sociedad Española de Geriatría, Dr. Isidoro Ruipérez, reclamó que el anteproyecto del Gobierno incluya la coordinación con el sistema sanitario y un plan de prevención de la dependencia que apueste por el desarrollo de una atención geriátrica especializada en el conjunto del SNS. “La dependencia no aparece porque sí, sino que está provocada por enfermedades que no fueron bien abordadas en su momento”, destacó el Dr. Ruipérez para el que “la mejor forma de atender la dependencia es evitar que aparezca”. Los geriatras reclaman un pacto de la administración central con las comunidades autónomas para incluir la geriatría dentro de la cartera básica de prestaciones.

La Sociedad Española de Neurología (SEN) ha expresado su satisfacción respecto a esta futura ley y ha recordado que las enfermedades neurológicas y neuropediátricas representan el primer motivo de pérdida de autonomía personal y dependencia. También considera relevante el “énfasis que se pone en la recuperación funcional, tal y como se establece en la propia denominación de la futura ley, buscando la autonomía de las personas y no sólo paliar las consecuencias de las lesiones”. Además, la SEN califica de “muy oportuno” el hecho de que sea el grado de discapacidad el determinante de las actuaciones sociales y no otros factores no relacionados con la situación del paciente y la atención que precisa, y se felicita de que el anteproyecto incluya un catálogo y una clasificación de los servicios y prestaciones.