El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad aún no ha decidido si la píldora postcoital se seguirá vendiendo libremente en farmacias como hasta ahora, después de que hace un año la ministra del ramo, Ana Mato, encargara los primeros informes acerca de los efectos de este medicamento en la salud de sus consumidoras.

La decisión final se adoptará a partir del informe que emita el Consejo Asesor de este departamento, constituido formalmente el pasado mes de octubre, que se apoyará para ello en los estudios realizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), la Organización Médica Colegial (OMC) y la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) que, según Mato, presentaban "recomendaciones variadas, a veces contradictorias y no concluyentes".

Apenas un mes después de tomar posesión de su cargo, la ministra anunció que había encargado un informe médico-científico para conocer los efectos que podía ocasionar este anticonceptivo, especialmente entre las mujeres jóvenes, después de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero autorizara su libre dispensación en las farmacias (sin necesidad de receta) en septiembre de 2009.

Finalmente los informes no fueron uno sino tres, encargados a los organismos citados anteriormente. Pero en marzo, esta vez en el Senado, Mato reconoció que las conclusiones de los mismos no eran "ni concluyentes ni coincidentes".

Esto motivó un cuarto informe de la Comisión Nacional de Farmacovigilancia, aunque la ministra aseguró que la decisión definitiva se basaría en las conclusiones del Comité Asesor de Sanidad, que entonces no estaba aún constituido, y al que elevaría todos los informes técnicos realizados.

"No obedecerá nunca a cuestiones ideológicas, en tema de medicamentos las decisiones deben tomarse por cuestiones científicas y criterios exclusivamente médicos", aseguraba Mato en el Senado.

Sin embargo, la decisión de este Comité Asesor se ha ido demorando, sobre todo porque, aunque Mato anunció en marzo que reuniría a sus miembros "en los próximos días", no fue hasta el pasado mes de octubre cuando se produjo su constitución formal.

Este órgano consultivo está presidido por el hepatólogo y director del Instituto de Investigación Sanitaria Centre Esther Koplowitz, del Hospital Clínic de Barcelona, Joan Rodés, y está formado por 35 profesionales sanitarios, investigadores, economistas y humanistas relacionados con el ámbito sanitario.

Fuentes del Ministerio consultadas por Europa Press aseguran que están trabajando en este tema aunque, de momento, no es el asunto más importante de entre los que tienen encargados.

La demora comienza a preocupar a los profesionales sanitarios, como ha reconocido el portavoz de la Fundación de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), Ezequiel Pérez Campos, que teme que pueda ser una señal de que "al final la decisión sea política y no médica".

"Los informes de la SEGO y SEC eran absolutamente favorables, el de la AEMPS también lo era, el de Farmacovigilancia no detectaba ninguna situación de riesgo para la población joven y los únicos que querían volver a la dispensación pero con matices, era la OMC", ha explicado este experto, en alusión a la petición de esta entidad colegial de que se dispensara de forma gratuita pero bajo la indicación de los médicos en los centros de salud o de planificación familiar.

Además, este experto insiste que tras la libre dispensación de este medicamento "se han administrado muchas dosis y no ha habido ningún accidente serio que comprometa la seguridad de este fármaco".

Pérez Campos ha criticado también que Sanidad anunciara tan rápido que este fármaco suponía un problema y luego haya pasado un año sin tomar una decisión. "Si era tan tremendo se debían haber dado prisa en suprimir esta dispensación, porque están permitiendo este teórico mal para las mujeres que la están utilizando", ha recordado.