De "caso Leganés" a "caso Lamela"

2002. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, dirigida por el Dr. José Ignacio Echániz, recibe una denuncia anónima sobre una “práctica de eutanasia masiva” en el Servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés. Tras una investigación interna, se archiva el caso.

3/3/2005. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, dirigida ahora por Manuel Lamela, ordena que sus servicios de inspección investiguen de nuevo una denuncia anónima sobre el mismo tema.

11/3/2005. Lamela remite a la Fiscalía la denuncia y “releva temporalmente” al coordinador de Urgencias del centro, Dr. Luis Montes. En aquel momento incluso se insinuó la posibilidad de que se hubieran producido 400 homicidios.

22/3/2005. Un informe encargado por la propia Consejería afirma que hubo “irregularidades administrativas significativas” (la mayoría relacionadas con el consentimiento informado) y no descarta mala praxis, aunque tampoco confirma lo contrario. En concreto, este informe cifra en 25 los casos sospechosos de haber sido objeto de sedaciones excesivas, indebidas o no apropiadas. El consejero las remite a la Fiscalía y anuncia el cese definitivo del coordinador de Urgencias y las sustituciones del director médico y del gerente.

13/4/2005. La Fiscalía remite 13 de estos 25 casos –el resto es descartado– a la Clínica Médico Forense para que los perite.

14/4/2005. La Consejería, por su parte, elige su propia “Comisión de Expertos” para que investigue 169 historias clínicas de pacientes fallecidos entre septiembre de 2003 y marzo de 2005.

19/4/2005. Más de 15.000 personas se manifiestan en Madrid para pedir el cese del consejero de Sanidad, Manuel Lamela, por su gestión de la crisis.

26/5/2005. La “Comisión de Expertos” designada por la Consejería concluye que en 73 de las 169 historias clínicas analizadas la sedación administrada fue “inadecuada, no indicada o contraindicada”.

27/5/2005. La Viceconsejería de Sanidad presenta una denuncia en el Juzgado nº 7 de Leganés basándose en las conclusiones de la controvertida comisión por ella misma designada con lo que desactiva la investigación de la Fiscalía y evita el posible archivo de las diligencias.

24/6/2005. La Clínica Médico Forense concluye en su informe que noexisten indicios de mala praxis ni delito en los 13 casos remitidos en su momento por la Fiscalía.

20/1/2006. El Juzgado nº 7 encarga al Colegio de Médicos de Madrid la realización de un nuevo informe que estudie sólo los 73 supuestos casos de mala práctica.

3/6/2006. La comisión designada por el Colegio rebaja a 34 las supuestas sedaciones irregulares aunque reconoce que “no es posible afirmar o negar con certeza absoluta si la causa directa de la muerte de alguno de los pacientes sedados fue la medicación administrada”.

10/6/2006. El juez reduce a 15 las sedaciones a investigar. 4 fueron calificadas como contraindicadas por el Colegio de Madrid y 11 aplicadas a pacientes en coma.

28/7/2006. El titular del Juzgado nº 7 cita a declarar en calidad de imputados a 8 médicos y a varios testigos para aclarar si hubo alguna irregularidad en las sedaciones realizadas a 15 pacientes terminales. Sus declaraciones comienzan el 18 de septiembre. Por primera vez en año y medio pueden defenderse. Son insultados a la entrada del juzgado.

15/10/2006. El juez cita para el día 13 de noviembre, como imputados, a otros 3 médicos que trabajaron en las urgencias de este centro.

27/5/2007. Elecciones autonómicas. El PP obtiene mayoría absoluta en el Gobierno regional.

21/6/2007. El hasta entonces consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, es nombrado consejero de Transportes del nuevo Gobierno de Esperanza Aguirre.

22/6/2007. Se hace público el sobreseimiento del caso.

3/7/2007. Los doctores Luis Montes y Miguel Ángel López Varas presentan recurso de apelación contra la fundamentación jurídica del auto de sobreseimiento.

18/10/2007. La fiscalía carga en un escrito contra la actuación de la Comunidad de Madrid y la “Comisión de Expertos” por ella designada.

21/1/2008. Más de 1.000 días después del inicio de la crisis, la Audiencia Provincial de Madrid ratifica en un auto el sobreseimiento y archivo del caso y ordena que se suprima toda referencia a la mala práctica de los médicos denunciados.

Calvario personal... y profesional

En los casi 3 años de persecución de los profesionales del Hospital Severo Ochoa se filtraron a los medios de comunicación numerosos informes y contrainformes –para cuya elaboración no se contó con el punto de vista de ninguno de los profesionales ni con los familiares de los pacientes– e incluso historias clínicas manipuladas, violando el secreto médico y obviando la presunción de inocencia. Médicos metidos a periodistas y periodistas metidos a médicos interpretaron estos documentos, consciente o inconscientemente, de forma errónea, causando un daño irreparable al prestigio de los profesionales de Leganés, creando una importante alarma social y extendiendo la sospecha a todos los profesionales de la sanidad pública que asisten a los pacientes terminales. Nadie sabe cuántos pacientes habrán muerto con dolor desde entonces.

Además, la Consejería de Sanidad madrileña cesó a 5 jefes de servicio que se habían significado en la defensa de sus compañeros de hospital, relevó a 3 supervisores y no renovó sus contratos a 15 médicos del equipo de urgencias, pero el acoso continuó: 4 de ellos comenzaron a trabajar en centros sanitarios de Castilla-La Mancha lo que provocó las quejas del PP regional. Un auténtico calvario personal y profesional que ahora concluye definitivamente.