Medicina y humanidadesBIOÉTICA
Polémica en Italia en torno a una paciente en coma irreversible
JANO.es y agencias · 10 julio 2008
Un tribunal ha decidido permitir que su padre desconecte la sonda nasogástrica que la alimenta artificialmente desde hace 16 años, decisión que condena el Vaticano
Un tribunal italiano permitió ayer, por primera vez, que un hombre desconecte la sonda nasogástrica que ha mantenido viva a su hija desde hace 16 años, decisión que fue condenada por el Vaticano, alegando que justificaba la eutanasia.
Eluana Englaro está en estado vegetativo y recibiendo agua y comida de forma artificial en un hospital de la ciudad italiana de Lecco desde que sufrió un accidente automovilístico en 1992. Su padre lleva casi 10 años pidiendo que sea desconectada.
Un tribunal de apelación de Milán dijo que se había demostrado que el coma de Englaro, de 37 años, era irreversible y que previamente al accidente, ella había manifestado su deseo de morir antes de continuar con vida de forma artificial.
"Simplemente quería que la dejaran morir, que la naturaleza continuara su curso", añadió el padre. La eutanasia es ilegal en Italia y cuenta con la fuerte oposición del Vaticano. "Un grave veredicto –lo califica la radio del Vaticano en su página web-. Ningún tribunal había autorizado antes esta petición".
Rino Fisichella, presidente de la Academia Pontificia para la Vida, el departamento que aconseja a la Iglesia sobre los asuntos bioéticos, indicó que estaba "afligido y sorprendido" por la decisión, que dijo que justificaba "de facto la eutanasia".
El pasado septiembre, el Vaticano aseguró que estaba mal dejar de administrar nutrientes y agua a los pacientes en estado vegetativo, incluso si no van a recobrar nunca la conciencia.
El veredicto, alabado como histórico por los activistas proeutanasia, dividió a los líderes políticos italianos y fue criticado por varios miembros del partido de centro gobernante.
El padre, Beppino Englaro, podría pedir ahora a los médicos que retiren el tubo inmediatamente o bien esperar 60 días al recurso de los fiscales estatales.
