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Los grupos mayoritarios en el Congreso, el PSOE y el PP, han rechazado la iniciativa del grupo formado por ERC, IU e ICV en la que se solicitaba la creación de una comisión no permanente de estudio sobre “la disponibilidad de la propia vida”.

 

En la Comisión de Justicia, el encargado de defender la propuesta, el diputado Gaspar Llamazares (IU), recalcó que su grupo “no está pidiendo la legalización de la eutanasia sino la creación de una comisión que analice esta materia controvertida y delicada de una manera "sosegada y racional”.

 

Llamazares se mostró partidario de “una muerte digna y de no dejar solos a los pacientes, a los sanitarios y a sus familias ante estas decisiones. La vida es un derecho, no un deber”, aseveró el diputado de IU, quien criticó que el Código Penal contemple “penas entre seis meses y seis años a quien coopere de manera activa en la muerte de un enfermo, aunque éste lo solicite”.

 

Es más; según sus palabras, “el derecho a morir dignamente debe contemplarse como un derecho fundamental y como una conquista del Estado laico y pluralista. La alternativa no es entre vida o muerte, sino entre una muerte indigna y dolorosa o una muerta digna”.

 

El diputado de IU argumentó que esta comisión es necesaria para estudiar la práctica de la sedación terminal –a raíz del caso Leganés– y para evaluar la prestación de cuidados paliativos en el Sistema Nacional de Salud. Además, añadió “la mayoría de la sociedad española, que es moderna y abierta, está a favor de este debate en torno a una muerta digna”.

 

 

 

Por parte del PSOE, la diputada Pilar Grande afirmó que el texto de Llamazares “es una reproducción casi literal de una iniciativa” ya presentada y rechazada en el Congreso y, de hecho, “ha quedado obsoleta, porque se solicita la creación de Registro Nacional de Instrucciones Previas, que funciona desde hace casi dos años”.

 

Grande destacó que gracias a este registro ya hay 44.997 personas que han manifestado anticipadamente su voluntad sobre qué tipo de cuidados médicos quieren recibir en caso de enfermedad grave, así como sobre el destino de su cuerpo en caso de fallecimiento.

 

Además, el PSOE señala el Gobierno ya está evaluando la Estrategia en Cuidados Paliativos, que pretende, entre otras cosas, prestar una atención equitativa sobre este aspecto en todo el territorio nacional. Por todo ello, los socialistas no ven “prioritario la puesta en marcha de la comisión”.

 

Por su parte, la diputada del PP Lourdes Méndez destacó que su grupo defiende “el valor intrínseco del ser humano” con independencia de su circunstancias y añadió que la propuesta “resulta reiterativa porque este tema ya se debatió más de cinco veces en la pasada legislatura”. 

 

Según sus palabras, “cuando se ofrece una medicina paliativa de calidad las peticiones de eutanasia son extraordinariamente raras”, aunque solicitó que se diferencie la eutanasia “del derecho a renunciar a un tratamiento desproporcionado y el rechazo al encarnizamiento terapéutico”. Y es que en opinión del PP, “la despenalización de la eutanasia puede conllevar la coacción sobre los pacientes más frágiles, la perdida de confianza entre el médico y el paciente, y el descuido de la formación en cuidados paliativos”.