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El Ministerio de Sanidad y Política Social y las comunidades autónomas estudiarán el próximo lunes, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), un proyecto de Real Decreto por el que se establecen los criterios marco para garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Esta medida forma parte de los acuerdos del pasado mes de marzo que, en el marco de un Pacto por la Sanidad, adoptaron la ministra del ramo Trinidad Jiménez y los consejeros autonómicos de Sanidad y Salud con el objetivo de garantizar la sostenibilidad y la equidad dentro del SNS.

El objetivo es fijar tiempos máximos tanto para intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas como para consultas con médicos especialistas, según han explicado fuentes del Ministerio, aunque los acuerdos adoptados deberán ser finalmente refrendados por el Gobierno en Consejo de Ministros.

Por otro lado, en la reunión, que se celebrará en Palma de Mallorca, también se abordará un proyecto de orden que modifica los anexos del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del SNS y el procedimiento para su actualización. Jiménez y los consejeros autonómicos también analizarán un informe de seguimiento sobre el resto de acuerdos adoptados en dicho Pacto.

En dicha reunión, la titular de Sanidad presentará una Estrategia de salud sexual y reproductiva, que venía ya indicada en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, y con la que pretenden recoger algunos de los derechos sexuales reconocidos por los organismos internacionales.

Igualmente, abordará aspectos relacionados con la promoción de la salud sexual, la formación de profesionales, la mejora de la información sobre el uso de métodos anticonceptivos o la promoción de la lactancia materna y los derechos de la mujer.

En la reunión se analizará también un proyecto de Real Decreto por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los Servicios de Prevención; un proyecto de Orden por el que se regula el Comité Asesor para la prestación ortoprotésica; un anteproyecto de ley de adaptación normativa a la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad; y el Reglamento de funcionamiento de la Comisión de Salud Pública.