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El 3,2% de las 22.287 quejas recibidas por el Defensor del Pueblo a lo largo del pasado año se debieron a cuestiones relacionadas con la sanidad, con un total de 726 protestas, 604 de ellas realizadas de forma individual y 103, colectiva, según recoge el Informe Anual del Defensor del Pueblo 2009, presentado ayer por su titular, Enrique Múgica, a los presidente del Congreso y el Senado, José Bono y Javier Rojo, respectivamente.

Dentro del apartado Actuaciones destacables de su informe, el defensor del Pueblo llama la atención sobre el "problema crónico" de las listas de espera y, en este sentido, aprecia en la actividad de "muchas" administraciones sanitarias una "inclinación hacia la externalización de servicios justificada en la búsqueda de eficacia y de modernización de los recursos existentes".

Múgica señala que en lo que se refiere a consultas externas y a técnicas y pruebas diagnósticas, las quejas han sido "muy numerosas, incluso más que en años anteriores", en las que "se pone en evidencia la existencia de amplios e inaceptables en ocasiones tiempos de espera, a pesar de su volumen de actividad y de su creciente relevancia asistencial".

El defensor del Pueblo denuncia que "la completa universalidad de la asistencia sanitario en España no ha podido completarse después de 23 años desde la aprobación de la Ley General de Sanidad, aunque ha conseguido un grado de desarrollo muy alto". En este sentido, denuncia que "este derecho todavía no es efectivo para la totalidad de las personas que viven en España".

Respecto a otras cuestiones, el informe apunta que "siguen siendo significativas las quejas sobre el extravío de historias clínicas e infracción de derechos de los pacientes en lo que concierne al consentimiento informado", por lo que recomienda "seguir profundizando en la concreción y efectividad de los derechos de los pacientes en materia de información y documentación clínica".

En lo que se refiere a la atención primaria, el informe destaca la burocratización de las consultas y la escasez de especialistas en Pediatría, mientras que en la especializada, el número de quejas ha sido "amplio sobre cuestiones dispares", entre las que se refiere a la implantación de nuevas formas de organización y gestión en centros y servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid, el acceso a la atención en los centros y servicios, problemas en la estructura, organización y funcionamiento de centros y servicios. Sobre los servicios de urgencia de diferentes comunidades autónomas, las quejas vienen motivadas por "notables demoras en la prestación de la asistencia y la inadecuación de la estructura de algunos servicios", o por la ausencia de camas libres que impiden la hospitalización.

El informe también hace referencia a la inexistencia de un marco legal que regule la calidad e idoneidad de las actividades y productos utilizados en las denominadas terapias naturales, a pesar del compromiso del Ministerio de Sanidad, y a la necesidad de promover "de forma urgente y decidida" una nueva cultura de relación con la seguridad y responsabilidad en el ámbito sanitario para "reducir las incidencias clínicas a través del estudio de las causas y la continua mejora de la práctica profesional".