La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, calcula en 4.600 millones de euros la reducción en el coste de la factura de las comunidades autónomas para atender la necesidades del Sistema Nacional de Salud (SNS), debido a las medidas de recorte adoptadas por el Gobierno y las acordadas con las propias autonomías en el seno del consejo Interterritorial del SNS, según señaló ayer en su comparecencia ante la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo del Congreso de los Diputados.

 

Jiménez cifró en 1.800 millones la disminución del gasto en la sanidad pública debido al descenso del 5% media en el sueldo del personal sanitario del SNS y su “futura congelación salarial”, acordados en Consejo de Ministros conjuntamente con el descuento obligatorio del 7,5% de los medicamentos excluidos del sistema de precios de referencia y la capacitación al facultativo de recetar la cantidad exacta que el paciente necesite mediante la adecuación del número de unidades en los envases de los medicamentos y la dispensación de los mismos en unidosis. Con estas dos últimas medidas se ahorrarán otros 1.300 millones anuales, “a los que hay que añadir los 1.500 millones anuales de ahorro fruto de las medidas incluidas en el Real Decreto Ley de racionalización del gasto farmacéutico aprobado el pasado mes de abril” , dijo.

 

En su comparecencia a petición propia ante la Cámara para informar sobre los acuerdos al respecto del Consejo Interterritorial del SNS del pasado 18 de marzo, la ministra anunció asimismo un calendario para la puesta en marcha de diversas iniciativas “relacionadas con la calidad, la equidad y la cohesión del SNS” a desarrollar durante el segundo semestre del año al objeto de llevar a cabo lo acordado por el Gobierno y las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del pasado 18 de marzo.

 

Anunció que en septiembre presentará una campaña para fomentar un uso adecuado de los servicios sanitarios y una propuesta para la extensión de la “factura sombra” en el SNS; en octubre, una norma para la universalización total de la cobertura del SNS, y en noviembre, un proyecto de norma común sobre tiempos de espera máximos para todo el territorio español y una propuesta de calendario vacunal común único. Finalmente, antes de final de año hará una propuesta para la implantación real de la historia clínica digital común en todos el SNS.

 

“Junto a ello -declaró-, espero que los trabajos y conclusiones de las subcomisiones parlamentarias creadas en el Senado sobre Recursos Humanos y en el Congreso de los Diputados sobre el Pacto por la Sanidad nos permitan abordar, antes de finalizar 2010, la formulación definitiva del Pacto de Estado. Aspiro, por tanto, a que antes de finalizar 2010 quede formalizado el Pacto de Estado por la Sanidad que haga posible la consolidación y la mejora del Sistema Nacional de Salud español”. Los grupos parlamentarios han acordado este miércoles prorrogar los trabajos de la Subcomisión para el Pacto de la Sanidad hasta el 30 de septiembre.

 

Jiménez concluyó su intervención señalando que “todas estas medidas expresan un fuerte compromiso del Gobierno y una importante contribución a la sostenibilidad Sistema Nacional de Salud y el Sistema de Dependencia y una contribución responsable para resolver un problema que a todos nos preocupa y cuya solución tiene que ser compartida por todos”.

 

Aseguró a los diputados que “se trata de medidas muy meditadas” con las que se ha pretendido “buscar el equilibrio para no tocar los pilares básicos del Estado del bienestar y mantener intactas la provisión de servicios básicos y esenciales en la sanidad, la dependencia y en otras políticas de bienestar” y que “permitirán afrontar los retos de futuro de forma responsable, reforzando la cohesión de nuestra sociedad, mejorando la calidad y la eficiencia de los servicios sanitarios y de dependencia, y, sobre todo, garantizando su fortaleza y sostenibilidad”.